Monterrey, NL.-
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó dejar sin ejercicio el veto aplicado por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón a la aplicación del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual fue aprobado por el Congreso de Nuevo León.
El mandatario independiente aplicó el veto en contra de la decisión de los legisladores, por considerar que el Sistema Anticorrupción violentaba los derechos de los ciudadanos de incidir en la designación de un fiscal anticorrupción autónomo.
Un ministro de la SCJN negó otorgar suspensión solicitada por el gobernador nuevoleonés mediante la controversia constitucional 169/2017.
Esta controversia fue planteada al tribunal superior de la nación el 30 de mayo, pero podría pasar hasta un año en análisis por parte de los magistrados antes de tomarse la decisión de si el Sistema Estatal Anticorrupción esta en concordancia con el establecido en la Constitución federal o no.
La decisión del magistrado de rechazar la suspensión provisional permite que el Sistema Estatal Anticorrupción, aprobados el 14 de abril al reformarse la Constitución Estatal, pueda entrar en operaciones.
Ahora, el Poder Legislativo tiene la facultad de emitir la convocatoria pública para nombrar a quiénes integrarán el comité de selección, órgano independiente del Congreso, para designar a los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, lo cual debido a los plazos establecidos en la Constitución local, tiene este martes como fecha límite.
De acuerdo a los plazos establecidos en decreto impugnado por el gobernador independiente, el Comité de Selección del SEA emitirá las convocatorias para nombrar a los titulares de las Fiscalía General de Nuevo León, Especializada en Combate a la Corrupción, Especializada en Delitos Electorales, así como el Magistrado Especializado en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa.
Rodríguez Calderón alegó en su demanda que el Congreso “omitió tomar en consideración la iniciativa de reforma Constitucional” sobre el tema anticorrupción que le hizo llegar desde septiembre de 2016.
Aun tiene el ejecutivo estatal la posibilidad de impugnar, mediante el recurso de revisión, la controversia constitucional.