Monterrey, NL.-
El Consejo Cívico de Nuevo León planteó que el perfil de quien aspire al cargo de las fiscales, consideradas piezas medulares del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), debe “estar apegado a los principios de autonomía y cumplir con las bases establecidas en la convocatoria lanzada por el Congreso local.
Mediante un comunicado el organismo civil establece que para resolver los problemas de fondo en materia de justicia y recobrar la confianza ciudadana, “se requiere de instituciones eficientes, confiables e independientes de los intereses de cualquier otro órgano o poder”.
Es por eso que, agrega, desde nuestra institución “reiteramos una total imparcialidad en los procesos de selección de quienes aspiran a ocupar un cargo en el servicio público, considerando que uno de los nuestros roles es el de fiscalizar y exigir rendición de cuentas a nuestras autoridades”.
Por ello, y para evitar cualquier conflicto de interés con el futuro fiscal, el Consejo Cívico tomó la decisión de no emitir cartas de recomendación o respaldo para ningún aspirante a la Fiscalía General, Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía Electoral, o cualquier otro puesto de gobierno cuyo carácter no sea ciudadano.
En cambio, precisa, “reiteramos nuestro compromiso de impulsar candidaturas de ciudadanos a órganos que tengan este carácter, como lo hemos hecho para el grupo de acompañamiento técnico, o el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, considerando que es un deber y obligación de los mismos participar en los espacios de representación ciudadana creados por Ley”.
El consejo que agrupa a más de 100 instituciones privadas, no gubernamentales y apartidistas establece ante el proceso de selección en marcha adoptó las consideraciones de la Fundación para el Debido Proceso, organismo internacional cuyo objetivo es promover el Estado de derecho en América Latina, respecto a los elementos mínimos para ser Fiscal.
Estos son reconocida honorabilidad, conocimiento legal sobresaliente es decir, un alto nivel de conocimiento del Derecho Penal y Administrativo, así como de diversos aspectos de la investigación criminal y materias afines.
Además de Independencia e imparcialidad, como muestra de una ausencia de vínculos, actuales o pasados, que generen la apariencia de falta de independencia y puedan afectar la confianza en la institución que representa.
Otras características planteadas por el Consejo Cívico son experiencia y conocimiento del Sistema de Justicia Penal, compromiso con los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho; y también transparencia en su actuación ya como fiscales.
“Desde la sociedad civil organizada estamos al pendiente del proceso, de los planes de trabajo de los titulares de las Fiscalías e insistentes de que las nuevas autoridades ataquen de manera frontal el grave problema de impunidad que enfrentamos en materia penal, electoral y anticorrupción”, puntualiza el organismo.