Monterrey, Nuevo León.-
El senador Samuel García exigió a la federación enviar un delegado especial a Nuevo León para atender el tema de la contingencia ambiental por la que atraviesa la entidad.
Al entregar una iniciativa de reforma en la que busca garantizar la protección de las áreas naturales protegidas, el legislador por Movimiento Ciudadano sentenció que al igual como se enviaron delegados a Michoacán para mediar el tema de los maestros, y a Jalisco por la seguridad, al estado debería de enviarse uno que atienda el asunto de la contaminación.
“Lo que ocupamos es hacer el tema muy mediático para que la federación ya mande por fin un delegado a resolver el tema.
“Así como AMLO mandó a un delgado a Michoacán para el tema de los maestros, y mandó un delegado a Jalisco para el tema de los narcos, queremos que a Nuevo León mande un delegado para el tema del medio ambiente.
“Y esa es la exigencia que desde aquí le pedimos al Gobierno Federal, ya basta de exhorto y de documentos desde tribuna. Este es el problema de Nuevo León hoy por hoy y la Federación tiene que entrarle, que sea la voz de más de nueve autoridades federales que hoy se están haciendo pato”, dijo el senador.
Samuel García acudió esta mañana a la Oficialía de Partes del Congreso local para presentar una iniciativa de reforma que garantice la protección de áreas naturales protegidas.
Acompañado por la también senadora Índira Kempis y diputados locales de su partido, el legislador solicitó que se reformen los artículos 3, 23 y 133 de la Constitución local para que se prohiban cualquier actividad humana en las 17 zonas protegidas de la entidad.
“Urge que existan amparos respetando al medio ambiente para parar como ciudadanía los fraccionamientos, urgen amparos por la omisión del plan de manejo y el consejo de coordinación para que un juez obligue a las autoridades a hacerlo, urgen juicios de lesividad para que los municipios que ya dieron permiso los cancelen”, expresó el senador.
Samuel García destacó que desde 1999 una reforma constitucional relegó la responsabilidad de autorizar los usos de suelo de los parques a los municipios en lugar de la SEDATU, lo que desató irregularidades en los mismos.
Añadió que la iniciativa también contempla 90 días para crear el convenio de coordinación que obliga a los municipios a proteger las áreas naturales de sus territorios.
El senador mencionó además que actualmente cerca de 160 amparos se han obtenido para poder construir en el Parque Nacional Cumbres.