Cd. de México.-
Después de cuatro meses de litigio, el Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un dictamen donde señala que México deberá responder a la serie de violaciones cometidas contra los empresarios juarenses, Pedro Zaragoza Fuentes y su hijo Pedro Zaragoza Delgado, el segundo, detenido ilegalmente en la Ciudad de México y confinado 56 días en un penal de Sinaloa.
El grupo interdisciplinario, con sede en Ginebra, Suiza, encontró evidencias suficientes para demostrar que funcionarios del estado de Sinaloa, participaron en una serie de actos de corrupción que derivaron en la detención arbitraria y tortura psicológica de Zaragoza Delgado, en el año 2016.
Además, en la resolución número A/HRC/WGAD/2018/1, el organismo mundial instó al Estado Mexicano para que ponga fin al proceso iniciado en contra de los empresarios, al considerar que el proceso judicial y la orden de aprehensión, avalados por el gobierno y jueces del estado de Sinaloa, fueron violatorios de sus derechos humanos.
La resolución de la ONU, establece el escrito, es un elemento de prueba que pone en evidencia cómo son las formas de defensa en México, en las que muchas veces carecen de la objetividad legal y su fundamento es la diatriba, la fabricación de pruebas y la compra de jueces que cambia el derecho por argucias gansteriles.
Los puntos resolutivos de la decisión de la ONU establecen que la privación de la libertad de Zaragoza Delgado es contraria a la Declaración Universal de Derechos Humanos y arbitraria, con base en estos criterios el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias solicitó al Gobierno de México que tome las medidas necesarias para remediar la situación y para que sea compatible con las normas internacionales aplicables, incluidas las establecidas en el pacto y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
“Por fortuna, para muchos que están la misma situación, la detención ilegal de mi hijo y los actos jurídicos subsecuentes sentaron las bases de una jurisprudencia con carácter internacional que será el modelo a seguir para que, en nuestro país, cambien las leyes y se modifiquen conductas que atentan contra los derechos humanos”, dijo el empresario juarense en entrevista con EL UNIVERSAL.
Zaragoza Fuentes revelo también que, a pesar de algunos favores políticos que solicitó, se percató que cuando la ley es bajo “consigna”, nada la puede frenar ni evitar los atropellos por los que vivieron, “aunque contaba con los mecanismos de defensa jurídica, padecimos los vicios de un sistema carente de ética”.
“En este proceso advertimos que se pasó de un caso judicial a un asunto político, viciado de origen y con una clara intención de mostrar el brazo del poder, sin importar el daño moral a mi familia y particularmente a mi hijo Pedro. Se tocaron puertas políticas en los altos círculos del país, lo que generó una doble decepción, ese poder que creíamos era imparcial y al servicio de los mexicanos se mezclaba con los generadores de la mentira jurídica y procesal que llevaron a mi hijo a prisión”, continuó el entrevistado.
Un remedio adecuado, indica la resolución de la ONU, sería otorgar a Zaragoza Delgado el derecho exigible de una indemnización y otras reparaciones de conformidad con el derecho internacional, además se solicita al Gobierno que ponga fin de al proceso abierto contra él y su padre.
Y dio como plazo de seis meses para dar respuesta a las recomendaciones que emitieron, en la cual se destaca la mal praxis de las leyes aquí, añade que en el país no existen mecanismos legales para acabar con la corrupción y la impunidad, por lo que la ONU le solicitó al Estado mexicano que reforme su Constitución para evitar que ocurran otros casos similares.