México, D.F. / Marzo 5.-
El PVEM en la Cámara de Diputados presentó de manera formal la iniciativa de reforma constitucional y a leyes secundarias para reinstaurar la pena de muerte en México para los secuestradores que maten a sus víctimas, y a policías o agentes del Ministerio Público que formen parte de bandas de plagiarios.
En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados se formalizó la iniciativa ante la expectativa de reactivar este polémico debate para castigar también con la pena capital a quienes realicen actos de terrorismo en México.
Se propone reformar los artículos 366 y 366 Bis del Código Penal Federal para aplicar esta medida a los responsables de la comisión del delito de secuestro en los siguientes supuestos:
“Cuando se cometa por servidores o ex servidores públicos de las corporaciones de seguridad pública, Ejército, Marina y Ministerios Públicos federales, cuando se mutile a la víctima durante el cautiverio y cuando se prive de la vida a la víctima durante el cautiverio”, señala.
La pena de muerte sólo se aplicaría a delincuentes que por su violencia y causas que los motivaron, reflejan el grado de inadaptación y desprecio a la ley y a la vida de otros y, que algunos miembros de la sociedad ya han alcanzado, destaca.
Menciona que “el condenado a pena de muerte sería sentenciado después de un proceso imparcial, durante el cual contará con todas las oportunidades para defenderse y con todas las garantías que la Constitución le otorgue. Tendría la posibilidad de agotar todos los recursos legales para demostrar su inocencia”.
Para el delito de terrorismo, el PVEM plantea que el actual marco legal no ha logrado inhibir la comisión de los actos terroristas que se perpetraron en Morelia, Michoacán, y a que a pesar de que se aumentó la pena mínima aplicable al tipo básico del delito de terrorismo, ésta no cumplió con su función de prevención general.
La presente iniciativa plantea la aplicación de la pena de muerte para quienes mediante la comisión de actos terroristas atenten contra la seguridad de la nación y contra la población civil inocente.
También pretende castigar con pena de muerte a quienes comentan homicidio calificado, es decir a quienes privan de la vida a otro ser humano valiéndose de la premeditación, la alevosía, la ventaja o la traición.
Entre las excepciones para aplicar la pena capital, los ecologistas plantean que cuando no exista “reconocimiento pleno” de la responsabilidad del acusado ninguna persona podrá ser ejecutada.
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