Cd. de México.-
La huelga de hambre que declararon en Ciudad del Carmen y duró ocho días, en demanda de que se les pagaran sus salarios devengados durante casi un año, lo único que generó fue su despido de la empresa Oceanografía.
Fueron cuatro los marineros que llevaron a cabo este sacrificio frustrado, ya que ninguna autoridad volteó a ver su situación, estudiar el caso y aplicar la ley, pero tampoco la sociedad mostró interés, y la clase política sigue ocupada en las campañas electorales.
Los cuatro trabajadores de una de las embarcaciones que ayunaron ocho días son Efraín González, Mardonio Flores, Hugo Morales y Daniel Gerónimo Hernández, se presentaron en el Senado y declararon a los periodistas que buscan todavía que Oceanografía les pague el salario que no han cobrado desde abril de 2017.
También se presentaron sus compañeros Antonio Martínez González. Carlos Humberto Luengas Solano y Éver Lozano Medina a quienes se les obligó a trabajar turnos de 28 días y a falta del trabajador que los reemplazara se les obligó a continuar en la embarcación, bajo la advertencia de que descender a tierra era causa de despido.
Los marineros que levantaron su huelga de hambre, lamentaron que este sacrificio en nada hubiera contado para atraer la atención de las autoridades, ni de la empresa Oceanografía, y señalaron que ha sido desesperante para ellos estar en imposibilidad de llevar a sus familias dinero para su manutención. Pidieron que sus seres queridos consideren que habían permanecido en la embarcación, porque de separarse de su lugar de trabajo hubieran perdido el empleo y su finiquito, como finalmente ocurrió al protestar para llamar la atención pública.
De los hechos fueron enteradas las autoridades del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), y cuando hubo un fallo judicial a favor del propietario de Oceanografía, esta empresa mantuvo las condiciones infrahumanas de trabajo, dijo la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila Fernández.
La legisladora reclamó omisión en el cumplimiento de sus atribuciones a las secretarias de Gobernación, Trabajo, de Comunicaciones y transportes, y de la Procuraduría General de la República (PGR), ante el probable hecho de trata de personas.
Adriana Dávila Fernández remarcó que los trabajadores vivieron condiciones inhumanas de trabajo, sin remuneración, y fueron despedidos cuando en última instancia protestaron con una huelga de hambre.