Chicago, E.U. / Septiembre 7.-
El Condado de Cook, al que pertenece Chicago, presentó hoy una ley local que termina con un mandato federal que carece de fondos llamado “órdenes de detención de inmigración”, promovido por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
En conferencia de prensa, la presidenta de la Junta de gobierno de Cook, Toni Preckwinkle, y los comisionados del Condado Jesús García, Juan A. Fritchey, Gainer Bridget, Joan Patricia Murphy, Edwin Reyes, Deborah Sims, Robert B. Steele, Sufferedin Larry y Jeffrey R. Tobolski presentaron la ordenanza, acompañados de activistas e inmigrantes afectados.
Jesús “Chuy” García, autor del proyecto de ley, explicó que el mandato carece de fondos federales para realizar esas detenciones, por lo que se decidió terminar con él a través de la emisión de una ordenanza de ley que prohíbe a la policía local remitir a los arrestados sin documentos al ICE.
“El Condado de Cook tomó la decisión tras valorar el alto costo que representa cooperar con ICE, lo que significa 15.7 millones de dólares al año, y por que la mayoría de los inmigrantes detenidos no tienen antecedentes criminales. De aprobarse la ordenanza se ahorrarían recursos de contribuyentes para dirigirlos a servicios locales”, dijo.
Los políticos condales decidieron terminar con el mandato federal después que el estado de Indiana logró en junio pasado la suspensión, por un juez federal, de dos secciones de una legislación inspirada en la controvertida Ley de Arizona, la cual obligaba a la policía local a detener a inmigrantes que ya contaban con órdenes de deportación.
Una juez federal retiró las secciones por considerar que ciertas funciones en el país están reservadas a las autoridades federales como es el caso de inmigración y otras solamente a la policía local, y la ley ya modificada entró en vigor en julio pasado.
La ordenanza ingresó apenas este miércoles a la Junta de Comisionados del Condado de Cook, integrado por 17 miembros, pero se necesita nueve votos para pasarla, número que los promotores de la misma están confiados en que ya se aseguraron.
Además de la presidente Preckwinkle y los concejales, apoyan la medida el sheriff del condado Tom Dart, y la fiscal Anita Alvarez.
En la conferencia de prensa contaron sus historias los inmigrantes Jorge Avalos, cuyo hermano fue deportado por tener un adorno conocido como “atrapa sueños” en su espejo retrovisor; Susana Chinchilla, detenida cuando iba a la farmacia por medicina para su hijo, y Rigo Padilla, un brillante estudiante universitario que sería deportado en el 2010.
“Esta ordenanza muestra una fuerte unidad en el Condado de Cook para encontrar una solución razonable a esta clase de problema migratorios, siguiendo el ejemplo de otros condados en el país, como los estados fronterizos de California y Nuevo México.”, destacó Alie Kabba, presidente de la Coalición pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados.
Otros activistas destacaron que esta ordenanza significa mayor seguridad en el condado, debido a que los inmigrantes recuperarían la confianza en la policía para denunciar delitos y servir como testigos.
“Lo más importante, es que cada dólar que gastamos en materia de inmigración federal podría ser gastado en perseguir a criminales peligrosos aquí en el Condado de Cook.”, advirtió José Luis Gutiérrez, de Casa Michoacán.
“Muchas de las personas que quedan atrapadas en la ley de inmigración son trabajadores, así como sus familias, que no representan peligro para nuestras comunidades; además, el gobierno del presidente Barack Obama dijo que quiere priorizar sus esfuerzos en criminales peligrosos, y esto ayuda a concentrar el trabajo del ICE en ese objetivo”, dijo el reverendo Larry Dowling, de la iglesia Santa Agueda.
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