CARACAS, VEN.-
“Cada vez que me entregaban mis medicamentos era un alivio. El conocer que iba a tener calidad de vida, mientras duraran las pastillas, me llenaba el cuerpo de una felicidad inmensa, aunque fuera por tan sólo unos segundos. La incertidumbre del no saber si el próximo mes iba a correr con la misma suerte me generaba angustia”.
El testimonio de Gabriel, un joven seropositivo al VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), es espejo de miles de pacientes que viven con la misma condición en Venezuela. La dificultad o imposibilidad de adquirir los antirretrovirales para atender este padecimiento los ha llevado a coincidir en la pregunta: “¿Me quedo en el país o emigro?”.
En Venezuela, una amplia parte de su población percibe un salario mínimo de 40 mil bolívares (1 dólar con 82 centavos al cambio de este 29 de septiembre); el Estado, administrado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, es el único que puede comprar y distribuir medicamentos, entre ellos los antirretrovirales, y no lo hace, lo que genera una necesidad de escape, en especial para quien vive con VIH, que ve como única solución salir de su país.
“Primero está mi vida”
La respuesta de Ronald Benítez, de 30 años, fue inmediata. Desde 2015, año en que fue diagnosticado, supo que a partir de ese momento su prioridad era vivir. Hace dos años y medio emigró a Bogotá, Colombia.
Hasta 2016 Benítez, como el resto de los 77 mil pacientes con VIH, de un total de 220 mil contagiados en el país, que reciben o están inscritos en el programa de obtención de medicamentos por parte del Estado venezolano, de acuerdo con las últimas cifras, del mismo año, aportadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud en Venezuela (MPPS), pudo contar con los fármacos que controlan su padecimiento.
“Todo iba funcionando bien, luego se tornó a intermitente, para después, sencillamente, no recibir nada”, cuenta este joven de su experiencia en el centro hospitalario, ubicado en Caracas, en donde le tocaba retirar su cóctel de medicamentos. La situación obligó a Benítez a tomar la decisión de emigrar. “Llegué a tener un descontrol en mi medicación y eso es un lujo que los pacientes como yo no nos podemos permitir”.
Lo que seguía en la vida de Benítez estaba claro para él. Obligado a abandonar su país, optó por irse a Colombia, que era lo más cerca: “Fui inicialmente de vacaciones y si las cosas funcionaban me quedaba”, piensa.
Aunque aún no ha logrado entrar a un programa que le garantice la adquisición de los antirretrovirales en Bogotá, por no contar con una permanencia legal en territorio colombiano, asegura que en comparación a como estaría en Venezuela, su calidad de vida es mejor en cuanto alimentación y otros factores necesarios para vivir con su condición de una manera digna.
Para Benítez nada ha cambiado ni mucho menos mejorado en el sistema sanitario. Pese a que todavía está inscrito en el programa del MPPS, sigue sin recibir los antirretrovirales que, por ley, tal como lo consagra la Carta Magna, le corresponde al Estado otorgarle para garantizar su derecho a la salud.
Así las cosas, fue en el mercado negro que consiguió este venezolano la alternativa para poder seguir con su medicación. Asegura que por un tiempo pagó mensualmente 30 dólares a una enfermera en Venezuela que le vendía los antirrotrovirales.
Su última compra fue en febrero. Aseguró su tratamiento por ocho meses. Luego de octubre de 2019, si no regulariza su situación migratoria en Colombia, la incertidumbre para Benítez volverá.
Las posibilidades que ha tenido Benítez no son las mismas para quien vive con VIH y decide quedarse en Venezuela. En la otra cara de la moneda, la realidad es costosa, además de dura, de mucha paciencia y angustiante a la vez. Todos los sentimientos al mismo tiempo.
Día a día, los hospitales del país amanecen colmados de personas seropositivos que aguardan la esperanza de irse a casa con sus medicinas. “El vuelve después. Cuando lleguen [los antirretrovirales] te llamamos”, son palabras a las que deben hacer frente estos pacientes en medio de su desesperada e infructuosa búsqueda de la medicación.
Es el caso de Freddy Bravo. De los 13 años que lleva diagnosticado, los últimos tres han sido de preocupación constante. El no tener acceso al tratamiento que controla el virus en su organismo ni dinero para comprarlo por su cuenta, lo ha hecho tomar “medidas extremas”.
“A partir de 2016, cuando comenzó la falla en la entrega de los antirretrovirales, tuve que ingeniármelas. Comencé a tomarme las pastillas un día sí y otro no, aunque sé que eso estaba mal, o al menos, no era prudente. Mi salario no me alcanza para asumir lo costoso del tratamiento”, contó este hombre de 47 años.
Desde hace ya varios años, desde que se agudizó la crisis en Venezuela, los análisis de carga viral y conteo de linfocitos CD4 dejaron de hacerse en los centros de salud públicos.
Estos exámenes se pagan y son inalcanzables para la mayoría de pacientes seropositivos. En las pocas clínicas privadas que los realizan en Caracas, sus costos no son ni siquiera en moneda local: oscilan entre los 30 y 50 dólares.
Sólo en algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país, resultan más económicos y permiten que sus precios, aunque dolarizados, sean pagados en bolívares. “Yo he tenido que vender parte de mis pertenencias para poder hacerme esos exámenes. La situación económica y de salud del país es bastante difícil. He pensado en irme de Venezuela”, confiesa Bravo, quien a la fecha ya tiene un año sin hacerse el conteo de sus linfocitos y de carga viral.
“Plan maestro”: vivir gracias a donaciones
Desde 2016, el MPPS a través del Estado venezolano no ha comprado los medicamentos antirretrovirales ni reactivos para realizar los análisis de sangre de detección o seguimiento de la carga viral del VIH. Siendo esta la razón que origina la crisis, muchas han sido las alertas y las denuncias nacionales e internacionales por la falta de atención del gobierno de Nicolás Maduro da a este sector de la población.
Las ayudas han llegado de a poco, conforme el gobierno venezolano lo permite.
A finales de 2018, los pacientes portadores del virus vieron un rayo de esperanza. En reunión con autoridades sanitarias venezolanas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y ONUSIDA diseñaron las guías del Plan Maestro para el reinicio del tratamiento antirretroviral en estas personas.
Para lograrlo, se destinaron casi 34 millones de dólares que alcanzarán, en un principio, para la atención por tres años del VIH/Sida en Venezuela, con su única prioridad en la entrega de medicamentos.
A partir de febrero de 2019, el MPPS comenzó a distribuir esta donación. “Yo agradezco que se buscó una solución a este problema, nuestros pacientes merecen estar bien”, expresa la infectóloga Patricia Valenzuela. Pero aún no se ha resuelto todo, y está lejos de solucionarse.
Los laboratorios clínicos siguen sin reactivos para la realización de pruebas diagnósticas, pruebas rápidas, y para la carga viral del VIH, que es el examen más importante que permite llevar el seguimiento a las personas que cumplen con el tratamiento.
“Es muy complicado una condición de salud en Venezuela, debido al desabastecimiento de medicamentos. Son momentos duros y difíciles para los infectólogos venezolanos. Vemos cómo perdemos y se viene abajo el trabajo de años de avance con los pacientes”, deplora la galena.
Valenzuela perdió la cuenta de cuántos de sus pacientes han tenido que emigrar por la falta de medicamentos en Venezuela: “Varias de las personas que atendía desde siempre se fueron marchando poco a poco para recibir los antirretrovirales, y les ha ido bien en esos países que le brindaron la mano”.
Hasta marzo, a la consulta de la doctora Valenzuela llegaban pacientes hasta con 10 meses sin recibir el tratamiento antirretroviral. “Durante ese periodo, hubo una serie de fallecimientos por la reaparición de enfermedades oportunistas, para las cuales no hubo ni hay todavía tratamiento en el país”.
“No es fácil, el paciente sufre y el tratante también”, reflexiona Valenzuela sobre la situación de salud en el país.