El proceso electoral de nuestro país, que está por concluir, no solo pasará a la historia por ser el más grande en cuanto a candidatos participantes y cargos a elegir; también será recordado por ser uno de los más violentos y sangrientos de la historia reciente, por el número de candidatos y políticos ejecutados.
La empresa consultora de riesgos Etellekt, una de las que han estudiado la violencia política en nuestro país, acaba de publicar el cuarto informe de violencia política 2021, el cual comprende el período del 7 de septiembre del 2020 (fecha de inicio del proceso electoral) al 30 de abril del año en curso.
En ese lapso, reportan un registro de 476 agresiones a candidatos, políticos y servidores públicos; que van desde amenazas, robos, lesiones, privaciones de la libertad y asesinatos.
De esta cantidad, 282 corresponde a candidatos en campaña, y de ellos, 41 por ciento son mujeres.
Al 30 de abril, contabilizan 31 víctimas mortales por los atentados cometidos contra aspirantes a cargos de elección popular, a los que habría que agregar el crimen cometido contra la candidata Alma Barragán, en Moroleón, Guanajuato, el del abogado Abel Murrieta, candidato en Cajeme, Sonora y el secuestro de Omar Plancarte, en Uruapan, Michoacán, de quien aún se desconoce su suerte.
La violencia política atenta contra la democracia mexicana, además de comprometer la integridad y autonomía de las futuras autoridades electas, por tres razones fundamentales: o cometieron violencia contra sus adversarios para intimidarlos y obligarlos a dejar la contienda, o estarán bajo los auspicios de las células del crimen organizado, o en el peor de los casos, los integrantes del crimen organizado han decidido participar en las elecciones para obtener sus triunfos con votos y balas, con boletas y urnas ensangrentadas por los asesinatos y ejecuciones que cada vez son más frecuentes.
La violencia política, que ha dejado decenas de hogares enlutados, nos lastima a todos los mexicanos y constituye un caldo de cultivo propicio para el surgimiento de autoritarismos que limitarán nuestras libertades y extinguirán el desarrollo económico, político y la convivencia social de los ciudadanos.
Es un tema que debiera ser atendido con prontitud por las autoridades de los tres niveles de gobierno, pero en lugar de ello, todas las mañanas, desde Palacio Nacional, el Presidente se ha dedicado a dividir a los mexicanos, a través de un discurso de descalificaciones para los que no piensan como él o se niegan a aplaudir sus propuestas y ocurrencias.
La violencia política no es un fenómeno nuevo, pero si muestra una tendencia a incrementarse de manera constante.
El señalar quienes son “los buenos” y “los malos” desde la tribuna presidencial no es un buen signo. Tampoco es evidente que el cambio de estrategia anunciado al inicio de su mandato esté dando resultados, la inseguridad se arregla con estado de derecho y cuerpos de seguridad eficientes, no solamente atendiendo las causas de la violencia, como lo decretó el Presidente en una mañanera.
De nada ha servido repartir miles de millones de pesos cada mes, porque la pobreza, en lugar de reducirse se ha incrementado notablemente. Y la inseguridad también.