En México el sistema político influye en todo, los medios de comunicación no escapan a ese ambiente, por ello no es casualidad que en estos momentos las empresas periodísticas estén pasando por un muy mal momento económico.
Tamaulipas ha resentido el cambio en la estructura gubernamental, en el que uno de los sectores más golpeados ha sido el empresarial periodístico.
Y con base en ello, bien vale la pena hacer una reflexión sobre qué tanto las empresas dedicadas a la comunicación realmente constituyen un balance ante el poder político.
La historia lo demuestra, la mayor parte, por no decir todas las empresas, sean medios tradicionales como la televisión, la radio y el periódico, así como los portales de Internet, se han plegado, de una u otra forma, a los intereses políticos en turno para conservar los convenios económicos que representaban la mayor parte de sus ingresos.
Ante el recorte de suministro de dinero a medios, vale la pena repensar ese acuerdo económico entre poder político y comunicación, que redunde en que la gente esté mejor informada, y que se fortalezca la democracia.
Porque hasta ahora lo que se observa es que las empresas periodísticas procedieron a recortar sus plantillas de trabajadores. Pero no a poner límites en sus gastos destinados la manutención de otros aspectos que nada tienen qué ver con la misión de este gremio, erogaciones que no fortalecen la libertad de expresión.
Recuerdo una frase de la dueña del periódico El Mañana de Nuevo Laredo, Ninfa Deándar, cuando algún político le reclamaba la línea editorial de su medio: “vendo espacio, no criterio”.
Me pregunto, cuántos de los dueños de comunicación del país y de Tamaulipas, hoy pueden preciarse de usar esa frase ante representantes gubernamentales o políticos.
Y no es porque el periódico El Mañana haya sido un dechado de virtudes, sabemos que su cercanía con el poder político no contribuyó a mantenerse en la línea editorial que acostumbraba, pero cuando se decía esa frase eran otros tiempos.
Pues bien, el modelo económico para los medios de comunicación tronó, se hace necesario construir uno nuevo.
Y ello implica revisar el presupuesto que se destina desde las direcciones de comunicación social a las empresas periodísticas. Dinero que proviene de los bolsillos de los contribuyentes (no del gobernador, presidente o alcalde en turno), que son los beneficiarios de la libertad de expresión.
En España el partido político Podemos está planteando “que una persona jurídica no pueda tener acciones que supongan más del 1% de la propiedad de un medio de comunicación, y al mismo tiempo posea también una empresa de sectores estratégicos”.
Ese planteamiento de Pablo Iglesias valdría la pena ponerlo en la mesa de la negociación en México, porque aquí como allá, empresarios de la comunicación han
aprovechado sus influencias para hacerse de más poder político y económico creando otros negocios, dejando el aspecto de la libertad de expresión como mero recurso mercantil, no para defender la libertad de expresión y proteger los derechos ciudadanos.
E iría mucho más allá, que los convenios firmados con las empresas periodísticas por cualquier nivel de gobierno se empleen para pagar a los trabajadores, hacerse de equipos adecuados para cumplir con su misión de informar. Es vital transparentar el uso de esos recursos y comprobar en qué se gastan.
No se puede continuar la historia de empresarios de comunicación millonarios y periodistas pobres.
Después de todo, “el periodismo – como escribió recientemente Manuel Rivas en el periódico El País -, no será el oficio más bello del mundo, pero es uno de los más necesarios por esa condición de líquido amniótico de la libertad”.
Recordemos: cuando todos se van ante una tragedia, los únicos que quedan son los equipos de rescate y los periodistas. No los matemos, protejámoslos, porque con ello las personas estamos protegiendo nuestra libertad de pensar y de expresarnos, fortaleciendo la democracia.
derrotero@hotmail.com
Twitter: @derrotero_mx