La violencia está empañando el proceso electoral que se desarrolla en todo el país con miras a elecciones concurrentes en diversos estados.
Entre el 7 de septiembre de 2020, cuando arrancó la carrera rumbo a las urnas y el 29 de marzo, 63 políticos, incluyendo 20 aspirantes a un cargo de elección popular, han sido asesinados.
Entre los casos más recientes se encuentran el ocurrido la mañana del lunes 29 de marzo en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, cuando sujetos armados dieron muerte al candidato a regidor por el PRD Alejandro Galicia Juárez y dejaron gravemente herido un dirigente perredista que lo acompañaba.
Antes, la noche del 25 de marzo el candidato a diputado local del distrito 1 de Fuerza Por México en Nuevo León, Mayco Fabián Tapia Quiñones, fue asesinado de un balazo al defender a una mujer comerciante que era asaltada por un criminal.
Esto ocurrió en un barrio popular de Monterrey. De acuerdo con datos del Indicador de Violencia Política en México (IVP) de Etellekt Consultores, desde que inició el proceso electoral al 20 de marzo, se registran 238 agresiones contra políticos, con un saldo de 218 víctimas entre precandidatos, candidatos, exalcaldes, regidores, funcionarios partidistas o de gobierno.
De este total, 61 fueron asesinados, lo que representa dos en promedio por cada una de las 28 semanas de este proceso electoral. Entre los ataques se encuentra también el asesinato de Ivonne Gallegos Carreño, quien era candidata de Va por México a la alcaldía de Ocotlán de Morelos, en Oaxaca.
La víctima mortal, quien había sido diputada local y exfuncionaria en la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano, fue baleada el 20 de marzo mientras circulaba en una camioneta sobre la carretera federal 175.
Conforme se acerca el periodo de campañas electorales para diputados federales y gobernador, crece la violencia contra aspirantes a un cargo de elección popular y otros políticos. De acuerdo con cifras de Etellekt, con el asesinato del candidato a regidor guanajuatense en el mes de marzo fueron victimados 8 aspirantes a cargos de elección popular.
El indicador de Etellekt Consultores, apunta que a seis meses y medio del proceso electoral, se habían registrado 238 agresiones contra personas políticas, con un saldo de 218 víctimas de diversos delitos, de las cuales 166 eran hombres y 52 mujeres.
De las 218 víctimas, 63 personas políticas fueron asesinadas (53 hombres y 8 mujeres), 20 de ellas aspiraban a puestos de elección. A estas hay que agregarles las víctimas de Guanajuato y Nuevo León.
Desde principios de marzo pasado el gobierno federal informó haber detectado la intromisión electoral del crimen organizado y peligro en los comicios de nueve estados donde, dijo, impone, quita, mata, presiona, coopta y chantajea a candidatos de las diversas fuerzas políticas.
La secretaria de Seguridad Federal, Rosa Icela Rodríguez, alertó de esa situación en Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y Baja California. Rodríguez, quien es periodista de profesión, advirtió que en estas entidades existe “el partido del crimen”.
El próximo 6 de junio estarán en juego más de 21 mil cargos de elección popular en México, entre éstos 500 diputaciones federales; 15 gubernaturas; mil 63 cargos en Congresos locales; 17 mil en ayuntamientos, y más de mil 900 presidencias municipales.
Para enfrentar esta situación, la secretaria de Seguridad habló de la Estrategia de protección de contexto electoral, en la que esta dependencia unió esfuerzos con la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia para establecer una mesa de trabajo con el propósito de tomar las previsiones necesarias”.
Detalló que el objetivo de este plan será prevenir y proteger a candidatos o aspirantes amenazados por el crimen organizado y el crimen de cuello blanco. Sin embargo, la violencia no cesa.
En Tamaulipas existen dos hechos que en su momento consternaron a la sociedad, el asesinato del entonces candidato a gobernador por el PRI, Rodolfo Torre Cantú, el 28 de junio de 2010 y el de Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, quien fue dos veces alcalde de Río Bravo, diputado local y federal, asesinado el 28 de noviembre de 2007.
De acuerdo con indagaciones policiacas e investigaciones periodísticas, una gran parte de los políticos que han sufrido atentados o han sido asesinados son víctimas del crimen organizado.
Si la autoridad federal toma en serio su papel, tendrá que pasar del discurso al hecho, para proteger a personas involucradas en el proceso electoral que alertan ser vulnerables.