La bancada del Morena en el Senado sigue pisando fuerte, ahora proponiendo que se incluya en el catálogo de delitos graves las irregularidades electorales, la corrupción, el robo de combustible y la portación de armas de uso exclusivo para el ejército.
El primero de los tipos penales antes descritos va a cambiar el modo y forma de desarrollar campañas políticas, en virtud de que ahora será el pellejo de los llamados operadores políticos el que estará en juego con un enjuiciamiento pero sin derecho a fianza.
Sin embargo, para que esta nueva medida surta los efectos deseados será imprescindible contar con buenos fiscales electorales a fin de que luego las acusaciones no se desvanezcan ante los jueces de control constitucional.
Los legisladores seguro saben que no bastó para erradicar la inequidad en las elecciones la adición contenida en la fracción VI inciso c) del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y publicada en el diario oficial de la federación el 7 de julio de 2014, consistente en considerar como causal de nulidad recibir o utilizar recursos públicos o de procedencia ilícita en las campañas.
No obstante la anterior prohibición siguió la práctica de coaccionar o comprar el voto con dinero público, pero como no era grave cometer esas irregularidades electorales sobraban los que se animaban a entrarle a esa tarea atenidos a que primero tendrían que probarles haber incurrido en esas conductas, y segundo, con una fianza recuperarían su libertad y en sentencia esperar la absolución por insuficiencia de pruebas.
Ahora irá la libertad de por medio y con una o dos pruebas así sean solamente testigos, los mapaches electorales y los distribuidores de beneficios sociales irán al “tambo” y sin derecho a libertad caucional. Creo, que ahora sí le pensarán.
Que tengan un buen inicio de fin de semana todos.