Se asocia el “chayote” al periodismo, y la profesión se denigra por completo al dar al traste con la credibilidad, el bien preciado de todo profesional de las noticias. Por ser sinónimo de corrupción, este nombre -que en Nuevo León equivale a “cochupo”- sustituye al soborno, embute o cohecho. Es decir se tipifica como “vendido” a quien vive del reporteo o de la edición de un medio tradicional o alternativo. Pero así como no todo lo que brilla es oro, igualmente no todo lo que no brilla es deleznable o chafo. En medio de la basura también hay joyas preciosas.
Por eso mismo deja un sabor agridulce la difusión que hizo la Presidencia de la República a Grupo Reforma de la lista de 36 periodistas y sus empresas que recibieron contratos durante la administración de Enrique Peña Nieto, por un monto total de mil 81 millones 715 mil 991 pesos por publicidad y gastos de comunicación. Es bueno saber cómo se gasta el dinero público en este rubro, pero, asimismo, es bueno aclarar que no todo lo destinado a estos informadores y sus empresas tiene que ver con la corrupción. En primer lugar porque sus medios, o ellos como personas físicas, están legalmente constituidos y viven de prestar un servicio o venta a instituciones privadas que los contraten o a los gobiernos federal, estatales o municipales. ¿Dónde está el delito? ¿A quién se debe linchar por su espíritu emprendedor y sus contactos para hacer negocios legítimos en un país de libertades?
¿Joaquín López Dóriga es lo mismo que Federico Arreola? Este último ocupa el segundo lugar en la suma millonaria recibida de Peña Nieto, pero se sabe que sus ligas con la izquierda y López Obrador son muy sólidas. ¿Entonces él y su SDP ya están también en la nómina de la Cuarta Transformación o hay manera de demostrar que no? Y otra pregunta: ¿Por qué aparece entre los beneficiados el historiador Enrique Krauze? Y también: ¿Por qué, si la revista Proceso ya había dado cuenta de estos nombres desde el 12 de agosto de 2018 por conducto de Julio Roa, ahora AMLO niega que su gobierno no entregó la lista a Reforma como lo hizo con
Proceso su vocero desde que fue a hablar ante los alumnos de la UNAM sobre los malos oficios de algunos periodistas en el sexenio anterior?
Pero como decimos una cosa, decimos también otra. La sospecha se presta para el señalamiento generalizado no solamente por la mala fama de los periodistas “chayoteros” que abundan en todo México y por los antecedentes con que ellos han manchado a la profesión. Abundan historias de colegas que se dedican a la extorsión, digámoslo con todas sus letras. Y como hay gobernantes que dicen que no necesitan comprar a esos periodistas porque ellos solos se venden, pues entonces los que manejan dinero ajeno se dedican a llenar la panza insaciable de los que llegaron al mundo de la información profesional a lucrar a sus anchas, pues no se requiere ningún título universitario para ejercer en los medios o fundar uno en la era digital.
¿Cómo hacerle, entonces, para separar el trigo de cizaña? ¿Cómo calificar de “chayote” lo que es el pago justo por un servicio o venta? ¿Cómo detectar si hay transa en una negociación limpia por más que se lleve a cabo entre dos entes con muy mala fama? Desde luego que no es fácil descubrir la intención de uno u otro, que es la base de una acusación seria. Por eso, si no hay evidencia, solamente queda la sospecha de que Enrique
Peña Nieto se valió del presupuesto para orientar la información que durante su mandato circuló vía estas personas o los medios favorecidos con los millones de pesos, aunque de nada la sirvió porque terminó con tan mala fama que su nivel de aprobación fue ínfimo.
Sin embargo, hay otro camino -muy, muy largo y oneroso- que podía demostrar que los supuestos periodistas “chayoteros” y sus medios recibieron toneladas de dinero a cambio de silenciar algunas noticias ejerciendo lo que se conoce como la autocensura, o bien manipulando datos duros o inventando hechos que favorecieran a sus amos del gobierno o del PRI, en este caso. Sí es factible, por ejemplo, colegir cada monto económico con los espacios o tiempos comprados de acuerdo con un precio establecido. Ello para que no haya habido sobrefacturación por algo que no vale tanto, o bien para comprobar que el dinero entregado fue por un espacio o tiempo aprovechado, pues es común que hay quien recibe mucha lana y no cumple con el servicio ofrecido. Ya sabemos cómo se las gastan los políticos corruptos y algunas empresas constructoras en el rubro de las obras públicas. Bueno, pues en este terreno de la información sucede igualmente con frecuencia.
Duele en el alma hablar de estos asuntos tan denigrantes en una profesión que amamos, quizá románticamente, y que defendemos a ultranza. Por eso duele del mismo modo que en este tipo de juicios sumarios, con aparente sed de venganza del actual gobierno en contra de los periodistas “neoliberales”, salgan salpicados en su imagen compañeros a quienes les ha costado ganarse un merecido prestigio profesional y han establecido un rico mercado con sus noticias y comentarios. Sólo ellos y su conciencia sabrán la intención de Enrique Peña Nieto a la hora de los contratos de venta de servicios, espacio o tiempo. Porque ahí es donde está el meollo del asunto: en el propósito del exorbitante gasto: si fue verdaderamente una inversión y si fue sólo para los amigos o de qué se trató. De otra manera, lo difícil es revertir los señalamientos severos de los críticos y de las audiencias sensibles al tema de la corrupción. Porque en periodismo hay manchas que no se borran. Y al parecer ésta es una de ellas.