Habrá sin duda quienes exijan con justa indignación que el gobernador Jaime Rodríguez sea sancionado con la destitución. Entiendo eso, pero no estoy de acuerdo. A mí también me indignan las mentiras del gobernador presuntamente independiente, su traición a sí mismo y sus electores cuando buscó la presidencia de México, su incompetencia dolosa en el tema del transporte urbano, y así la lista, larga lista. Pero si bien la política es simulación, la aplicación de la ley, cuando esto afecta a millones de personas, debe ser pragmática.
Yo considero que la destitución del Gobernador ya no es conveniente para el Estado ni para las fuerzas políticas que están muy atareadas en ligar las campañas electorales. El sexenio de Rodríguez, que en justicia debió durar tres años, pero incumplió, para variar, su promesa, ya está a nada de terminar. A estas alturas, en medio de una epidemia que se le sale de control al Estado, en vísperas de elecciones, con una crisis económica que apenas asoma la nariz (estará peor), decapitar al Poder Ejecutivo sería contraproducente, la inestabilidad administrativa acarrearía un caos.
En otras circunstancias menos críticas, tampoco sería conveniente una destitución en este momento. Eso no impide que el Congreso de Nuevo León dé cumplimiento a la sanción a la que sea acreedor, pero en otros términos menos peligrosos para el Estado. Por supuesto no hablo de multas que, si las hubiere, no corresponderían jamás al daño que estos sujetos han hecho a la democracia en Nuevo León y al sistema electoral mexicano. Una multa, del tamaño que sea, no desanimará a nadie dispuesto a cometer las mismas irregularidades.
La sanción ordenada por un tribunal contra Jaime Rodríguez y su secretario General (y exgobernador) Manuel Flores, debió haberse ejecutado hace mucho tiempo. Aunque ambos funcionarios han interpuesto recursos legales, la verdad es que no han sido esos recursos sino el Congreso de Nuevo León quien ha retrasado una y otra vez el cumplimiento de esa orden. Los diputados locales, hacedores de leyes y de grillas, han sabido siempre como hilar fino con unas y otras, para torcer unas y afianzar las otras. Pero esta vez sí que se pasaron de lanza.
Supongo que muchos temen que el ahora muy devaluado suspirante al gobierno de Nuevo León, el senador Samuel García, use la eventual destitución y se cuelgue la medalla. Algo hizo al respecto, y eso hay que reconocérselo. Pero de eso a que se eche a la bolsa la gubernatura del Estado, hay mucho trecho. Con la reticencia mañosa a sancionar al Gobernador y a su Secretario de Gobierno, son los diputados los que engrandecen al anaranjado senador. Vapuleado durante la epidemia, Samuel García puede ahora recuperar terreno. Habría qué evaluar si le reditúan más al “senatore” las cabezas de un gobernador y un secretario de gobierno, o las de una veintena de diputados. Ni Jaime ni Manuel implicarían demérito para algún partido a la hora de las campañas electorales, en cambio la socarrona pereza de los legisladores sí llenaría de baches las campañas de varios partidos.
El PAN, en voz del coordinador de la bancada local, Carlos de la Fuente, dice que ellos (los panistas) ya sancionaron: “Nosotros somos muy claros, ya sancionamos al Gobernador y al Secretario General de Gobierno. Hay un dictamen que se subió al Pleno, pero no dio los votos… La sanción ya se ejerció en la Comisión que era lo que pedía la Sala (Superior). Que el Tribunal Especializado cuestione a los diputados que votaron en contra”. Esta es la justificación más ridícula que he escuchado. Además, dice mucho del criterio de esta bancada sobre su responsabilidad como representantes del pueblo. La sanción, me temo, no la determina un diputado, ni una bancada (que es lo mismo que un partido), la determina el pleno en base al dictamen de una comisión. ¡La voz del Congreso es la voz del pueblo y debe ser colegiada! Si no se aprueba y ejecuta un dictamen, ¡no hay sanción! Por lo tanto, no se cumplió lo requerido ni por el Tribunal, ni por la democracia, ni por la decencia. Jaime Rodríguez Calderón y Manuel Flores siguen impunes. Ni siquiera se ha intentado hacer lo más lógico: acotar el poder del Gobernador y su Secretario de Gobierno.
Pero los panistas y sus comparsas prefieren no hacer. Y no, esto no se trata salirse del juego y llevarse sus canicas. A menos que el juego se esté jugando a nivel nacional y que los diputados de Nuevo León sean las canicas.