FOTO: ANDREA JIMÉNEZ
Monterrey, N.L.-A seis meses de iniciar su administración, el gobierno de Jaime Rodriguez Calderón presentó los primeras denuncias contra actos de corrupción del pasado sexenio medinista.
En rueda de prensa, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, Ernesto Canales, informó que al momento, el daño al erario de Nuevo León se estima en 3 mil 600 millones de pesos.
Las investigaciones involucran al ex gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz, nueve ex funcionarios de su administración, cinco ex servidores públicos, dos alcaldes en funciones, dos diputados federales, 10 empresarios, dos funcionarios bancarios, familiares y socios.
Por los procedimientos, la autoridad aun no puede detallar la identidad de los acusados, pero aseguró que cinco funcionarios ya fueron inhabilitados de forma administrativa por 10 años y una multa de 210 millones de pesos.
El Fiscal Anticorrupción, Aldo Fasci, mencionó que ya solicitaron un embargo precautorio -de inmuebles y cuentas bancarias- de los involucrados, al detectar que están transfiriendo sus propiedades a familiares y socios.
Añadió que peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido de funciones, equiparable, ejercicio abusivo de funciones y colusión son los delitos por los que se les persigue a los funcionarios.
“Los miembros del Consejo (Estatal de Promoción a la Inversión) aprobaron inversiones para realizar obras a beneficio privado y adquisiciones de muebles sin licitación, lo que a la letra de la Ley constituye un desvío de recursos públicos”, leyó el funcionario estatal.
La red de corrupción y complicidad detectada por el actual gobierno se llevó principalmente a través del Consejo Estatal de Promoción de la Inversión, el Consejo de Administración Sistema de Caminos, el Comité Técnico Fidecitrus, inmuebles y constructores.
Aunado al ex gobernador priista, los solicitudes de embargo precautorio son para el ex tesorero estatal, Rodolfo Gómez Acosta; el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Económica, Rolando Zubirán; el ex subsecretario de Desarrollo Regional, Juan Francisco Rivas Cantú y el ex Secretario de Obras Públicas, Ricardo Marroquín.
Se espera que a la brevedad los funcionario sean llamados a audiencia.
En lo que respecta a los servidores públicos en funciones, se espera buscar su desafuero para iniciar proceso penal en su contra.
Ernesto Canales también adelantó que preparan también acción penal contra la ex alcaldesa panista de Monterrey, Margarita Arellanes, derivado de contratar un despacho de abogados para blindarla tras salir de la alcaldía.
Lo anterior, agregó el subprocurador anticorrupción, es para demostrar que no es un ataque contra un grupo político sino contra las malas conductas de los ex funcionarios.
