Phoenix, E.U.-
Más del 50 por ciento de los ciudadanos estadounidenses considera que la ley antiinmigrante SB1070 de Arizona “está bien”, según sondeos realizados justo cuando la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos analiza la constitucionalidad del estatuto.
La SB1070, promulgada como ley en abril de 2010, fue la primera emitida por una entidad estadounidense para lidiar con el problema de la inmigración ilegal y es considerada una de las más estrictas que han sido aprobadas hasta ahora en el país.
Dicha ley autoriza a la policía en Arizona a revisar el estatus migratorio de cualquier persona que considere sospechosa de ser inmigrante indocumentada, una facultad que los opositores al estatuto argumentan legaliza el perfil racial.
De acuerdo con una encuesta, realizada a lo largo de la primera semana de junio por la cadena de televisión CNN y la compañía encuestadora ORC International Survey, el 52 por ciento de la población cree que “está bien” la política de inmigración de Arizona.
Un 33 por ciento de los 976 adultos del todo el país que fueron cuestionados para el sondeo, consideró que la SB1070 se excede en sus alcances y un 11 por ciento estimó que el estatuto se queda corto en su propósito.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos interpuso una demanda en contra de la SB1070 al sostener que la ley invade las funciones exclusivas del gobierno federal de fijar la política migratoria del país.
Sin embargo, de acuerdo con la encuesta, el 62 por ciento de los entrevistados indicaron que tanto los estados como el gobierno federal deben determinar las leyes sobre la inmigración ilegal.
Un 25 por ciento, consideró que este tipo de leyes deben ser responsabilidad exclusiva del gobierno federal y un 11 por ciento afirmó que los estatutos migratorios deberían ser fijados únicamente por las entidades.
En el sondeo, un 43 por ciento de los consultados consideró que los indocumentados que se encuentran ya en el país deben ser autorizados a permanecer dentro de Estados Unidos y solicitar su residencia legal y ciudadanía.
En tanto, un 21 por ciento opinó que debe permitirse a los indocumentados quedarse en el país, pero sólo en calidad de trabajadores huéspedes y un 32 por ciento se pronunció a favor de que se les deporte.
Se prevé que para fines de este mes dará su fallo la Corte Suprema integrada para estos efectos por 8 miembros, sobre la constitucionalidad de la medida.
