Morelia, Mich.-
La noche del 15 de septiembre de 2008 fue la primera y última vez que la familia López Alvarado acudió a una ceremonia de El Grito de Independencia; el estallido de dos granadas de fragmentación terminó con la celebración y les estropeó el futuro.
Fue el primer atentado con esas características registrado en la historia del país y dejó heridos a siete integrantes de la familia, que aún sufren las secuelas.
De este hecho perpetrado mientras el gobernador en turno Leonel Godoy Rangel arengaba a los asistentes con el: “Viva México” no hay responsables en la cárcel; los detenidos como presuntos implicados fueron liberados en 2015 por falta de pruebas.
Ocho años después la herida no ha sanado; los michoacanos no olvidan la muerte de siete civiles y el sufrimiento de más de 100 lesionados, alcanzados por las esquirlas que liberaron las dos granadas de fragmentación, robadas de un cuartel militar en Guerrero, según las investigaciones ministeriales.
Rita Alvarado Trejo recuerda que desde aquella noche su vida no volvió a ser la misma. Ella, José Ángel López Bucio, su esposo, así como dos de sus hijos y tres sobrinas resultaron heridos,
“Hemos ido perdiendo nuestro pequeño patrimonio”, señala. Añade que dejaron en garantía su casa para poder solventar una cirugía, luego que presentó complicaciones en sus riñones y tuvo que ser intervenida de emergencia. “Ninguna autoridad nos ha apoyado, nos rascamos con nuestras propias uñas”, señala. El matrimonio comenta que las esquirlas les causaron heridas irreversibles y los dejó sin la posibilidad de volver a trabajar.
José Ángel tuvo que cerrar su carpintería por incapacidad física y guarda un centenar de recetas que fueron surtidas con recursos propios, con la esperanza de que las autoridades le recuperen el gasto que no debió hacer si le hubieran garantizado la seguridad.
“El 15 de septiembre me trae puros recuerdos malos, días tristes, un día muy triste para nosotros”, dice Rita. Ella estuvo a punto de morir, puesto que el explosivo estalló a unos cuantos metros de donde se encontraban.
Junto con ellos, al menos 44 personas con lesiones y daños en su cuerpo de por vida denunciaron que ninguna autoridad les ha respaldado; el Congreso de la entidad aprobó un decreto para que fueran beneficiados con pensiones temporales y de por vida, según fuera el caso, pero después lo extinguió.
Ángel de Jesús —entonces de 4 años—, el más pequeño de la familia López Alvarado no resultó herido, pero quedó a la deriva. Y de ahí, donde todo era confusión y gritos de dolor, su vecina Guadalupe Salinas, de 14 años, lo tomó en brazos, detuvo un taxi y lo llevó a su vivienda. A Lupita las esquirlas también la habían alcanzado y se habían alojado en sus gluteos, estaba herida, pero logró levantarse y darse cuenta que el pequeño corría peligro.
“Estalló algo y lo único que hice fue ver a la gente con la que yo iba y pues yo les decía que se pararan, que nos fuéramos y ellas ahí no se podían parar, entonces pues al único que vi ahí fue a Chucho; como que sentía que me iba a desmayar, sentía como que era una pesadilla; agarré a Chucho y me vine a mi casa…”, relató.
Para Ignacio Mendoza Jiménez, quien fuera subprocurador de Morelia cuando ocurrieron los granadazos, no es una sorpresa la libertad absolutoria de los presuntos implicados como autores materiales del atentado.
Asegura que la reconstrucción de los hechos realizada por las autoridades estatales fue ignorada por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especiaizada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Además, recriminó la reunión que tuvo el general Mario Arturo Acosta Chaparro con mandos de La Familia Michoacana, donde presuntamente pactaron que los criminales iban a hacer una investigación y que entregarían a los agresores.
Denunció que la única testigo que logró identificar al responsable fue amenazada por un ministerio público federal de nombre Julio Patessi quien estaba bajo el mando de Marisela Morales, la entonces titular de la SIEDO.
Mendoza, dio a conocer también, que tanto Leonel Godoy, como el procurador en turno y el ex presidente Felipe Calderón, conocían de las amenazas criminales desde varios días antes y que el atentado estaba programado para el 16.
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