Ciudad de México.-
Periodistas y activistas mexicanos presentaron hoy una denuncia ante la Fiscalía general por espionaje, después de que una investigación revelara supuestos ataques maliciosos en su contra mediante un software adquirido por el Gobierno para infiltrar teléfonos.
“El día de hoy se presentó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República”, dijo Ana Cristina Ruelas, de la organización Artículo 19, en una conferencia de prensa conjunta con otros de los afectados, entre ellos la periodista crítica Carmen Aristegui.
De acuerdo con un informe elaborado por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto y retomado por “The New York Times”, hubo 76 ataques a teléfonos entre enero de 2015 y julio de 2016. No en todos los casos los afectados abrieron los enlaces maliciosos.
El programa en cuestión es Pegasus, un software fabricado por el grupo israelí NSO Group, que lo vende sólo a los Gobiernos para investigar al crimen organizado y terroristas.
“Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la Policía”, informó el diario.
El software se apropia de información de los teléfonos inteligentes y permite incluso grabar conversaciones y filmar a través del propio dispositivo, una vez que logra que la persona afectada dé click a un enlace engañoso.
“The New York Times” examinó decenas de mensajes con apoyo de especialistas. Si bien señaló que no hay pruebas definitivas de que el Gobierno esté detrás del espionaje, afirmó que, de acuerdo con los ciberexpertos, “hay pocas dudas de que el Gobierno mexicano o algún grupo corrupto interno están involucrados”.
Un funcionario gubernamental rechazó, sin embargo, que exista un espionaje de este tipo realizado por la Administración del presidente Enrique Peña Nieto.
El Gobierno “rechaza categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial”, aseguró al diario.
Aristegui, cuyo equipo reveló en 2014 un supuesto conflicto de intereses en la compra de una mansión por parte de la primera dama, Angélica Rivera, a un contratista del Estado, acusó directamente a Peña Nieto.
“Una práctica así es propia de un Gobierno autoritario”, dijo Aristegui, presentadora de un programa de entrevistas en CNN y directora del portal Aristegui Noticias. “El Gobierno mexicano espía a sus críticos”, aseveró.
Otro de los afectados fue Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), impulsor de una ley anticorrupción.
“Los intentos para realizar hackeos fueron muy personalizados: llegaron a los objetivos por medio de mensajes diseñados para inspirar pánico y conseguir un acceso rápido a los teléfonos celulares”, señaló “The New York Times”.
“En el caso de Carmen Aristegui, una de las periodistas más famosas de México, un operador se hizo pasar por la embajada de Estados Unidos en México y le imploró darle clic en un enlace para resolver un supuesto problema con su visa”, señala.
También el hijo adolescente de Aristegui recibió mensajes de texto engañosos, mientras que la esposa de Pardinas recibió un mensaje en el que le ofrecían pruebas de que su marido tenía un amorío para tratar de hacerle abrir un enlace.
Entre los supuestos espiados está también el periodista Carlos Loret de Mola, conductor de un noticiero de la cadena Televisa y columnista del diario “El Universal”.