Tarimoro, Gto. / Abril 14.-
El hombre que atiende detrás del mostrador de la pequeña tienda de abarrotes intenta negociar algo a cambio de su silencio con la mujer que habla al otro lado del teléfono. Es posible escuchar el diálogo porque tiene el altavoz puesto: “¿Nomás quiero saber si usted está con nosotros y con esta gente, o no?”, inquiere la mujer. “Yo estoy con ustedes, pero nomás dígame si nos van a ayudar, porque ya ve lo que pasó ayer”, dice.
El tendero es un hombre maduro, más allá de los 60 años. Tiene el cabello y bigote encanecidos. Se ve exhausto al colgar. Un par de minutos después comenta que la persona con quien hablaba trabaja en la subprocuraduría de justicia en Celaya y que llamó para reclamarle que estuviera dando información sobre los cuatro vecinos desaparecidos después de que hombres armados los bajaron de un autobús en Tamaulipas. El tendero es el delegado de Huapango, una comunidad en lo alto de las cordilleras que cruzan el municipio, cuya larga tradición migratoria ha dejado mujeres solas, niños y ancianos.
“Discúlpeme, pero ya no quiero hablar de lo mismo”, dice Refugio Patiño Cervantes. “Acaban de preguntarme que por qué ando dando información… Ya vinieron de allá y de acá para decirme que por qué paso información. Y pues no, oiga”.
Al lado suyo está su esposa. Es quien ofrece razones para el silencio. Las familias de los cuatro desaparecidos están molestas con ellos, justo porque revelaron su identidad hace unos días. “¿Sabe lo que han hecho los reporteros? Los están haciendo llorar, y luego cuentan puras mentiras: ya nos han matado a los muchachos desde el viernes. Por eso ya nos dijeron los de la procuraduría que cuando ellos tengan información, ellos serán los que la den, que nosotros no. Nosotros ya tenemos muchos problemas. Fíjese: ayer vinieron los insensatos de una funeraria a ofrecer sus servicios, porque en la prensa escriben que ya identificaron a los muchachos”.
De Huapango y Guadalupe, otra comunidad aledaña, partieron seis de los 60 migrantes cuya desaparición en Tamaulipas ha sido formalmente denunciada por sus familias ante autoridades ministeriales de Guanajuato.
Con ellos se reunieron la mañana del martes funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Procuraduría de Justicia estatales. El matrimonio dice que los instruyeron para no hablar sobre el tema. Lo mismo le ordenaron a la propietaria de una tienda de abarrotes, ubicada a tres calles de la de Patiño, al lado de la plaza principal. Ella opera simultáneamente una oficina de transportes El Conejo, que ofrece pasajes en autobús a destinos como Dallas o Denver. “Yo no puedo dar información por órdenes de la procuraduría”, dice, sin entrar en detalles.
Desde comienzos de la semana, el gobernador Juan Manuel Oliva habló antes los medios para anunciar “programas integrales” de ayuda a las familias de los migrantes desaparecidos e instó a quienes no lo hayan hecho todavía, a que denuncien sus casos.
Como parte de esa estrategia de ayuda, el lunes, personal de la procuraduría y de Asuntos Migratorios, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno local, comenzaron a entrevistarse con las familias denunciantes. Los funcionarios de Asuntos Migratorios básicamente se abocan a levantar un censo de pobreza para después ofrecer asistencia social, dice la titular del área, Susana Guerra.
“No todas las familias están en Oportunidades”, menciona. “Algunos niños, cuyos papás están en estos momentos desaparecidos, no estaban yendo a la escuela. A algunas (familias) les damos todas las facilidades para que puedan incorporarse al Seguro Popular. Básicamente es como integrarlos a todo el esquema social que tienen los conductos estatales para apoyarlas en este proceso. La gran mayoría son personas de escasos recursos, cuyos hombres fueron hacia el norte en busca de mejores condiciones de vida”.
El peligro de emigrar
Guanajuato es la entidad que mayor cantidad de migrantes expulsó entre 2005 y 2010. De acuerdo con el INEGI, en ese periodo salieron con rumbo a Estados Unidos 118 mil guanajuatenses. El fenómeno es indicador del pobre desarrollo que vive el estado, dice Saúl Arellano, director de investigaciones del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (Ceidas), quien en 2009 realizó un mapa de la pobreza en la región.
A las familias de Huapango y Guadalupe, cuyo pilar de su economía son las remesas que envían sus hijos y esposos, Guerra les habló de lo peligroso que resulta emigrar. “El proceso de emigrar no es rápido, como que llegan a la frontera y los ve el pollero y rápidamente cruzan”, cuenta la tarde del martes, sentada en una cafetería en las orillas de Irapuato, donde sostuvo otro encuentro privado con más familias.
En el café, la funcionaria estatal habla sobre las versiones que le han ofrecido los familiares de las víctimas: “algunas son emocionales, por razones obvias, y tienes que ver con rumores. De un hecho real se desprenden cantidad de versiones sobre diferentes posibilidades”.
Esa es una de las causas por las que, dice el procurador Carlos Zamarripa, se ha optado por no revelar su identidad ni ubicación. La otra, añade, es una razón de seguridad.
Fuera de eso, la procuraduría ha hecho poco, de acuerdo con el mismo funcionario. No investigan el paradero de ninguno de los 60 desaparecidos porque “los hechos sucedieron en Tamaulipas”. Tampoco sabe si los casi 120 mil ciudadanos que emigraron desde 2005 lo hicieron solos o a través de redes de traficantes humanos. “Eso es competencia federal”, justifica. Lo que sabe es lo que han declarado las familias en sus denuncias: que los autobuses invariablemente fueron interceptados por hombres armados cuando circulaban por las inmediaciones de San Fernando, en el noreste tamaulipeco, y que la edad promedio de los que bajaron es de 25 años.
Sin embargo, Zamarripa tiene una información distinta a la de Susana Guerra. El procurador dice que “no todos eran migrantes con pretensiones de llegar a Estados Unidos, sino que entre las víctimas hay comerciantes y ciudadanos con pasaporte para cruzar la frontera”. Y entre los testigos, sobrevivientes de los secuestros, hay también jóvenes. Pero desconoce el motivo por el cual fueron dejados en libertad.
El personal a su cargo no solamente ordenó guardar silencio a las familias de Huapango y Guadalupe. En Rincón de Tamayo, el padre de Raúl Arreola, uno de los migrantes secuestrado en Tamaulipas, dice que le prohibieron hablar cuando lo buscaran los reporteros. “Nos dijeron que no diéramos nada, porque puede ser peligroso para la familia. Y es mejor así, porque las mujeres están muy sensibles”, explica el hombre, que refleja el estrago de los días, con barba crecida de manera irregular y profundas ojeras. “La orden es que esperemos noticias cuando los de la procuraduría sepan lo que pas
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