Cd. de México.-
El número de menores que vive con sus madres en cárceles de México casi se duplicó en cuatro años y hasta agosto pasado, 618 niños estaban con sus progenitoras en centros de reclusión estatales de 30 de las 32 entidades federativas del país y uno federal.
Así lo dio a conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un informe especial sobre las Condiciones de hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana que fue enviado a la Cámara de Diputados.
En el documento se describe que el sistema penitenciario nacional se integra por 379 centros, de los cuales 214 albergan mujeres, pero sólo 16 son exclusivos para ellas y 198 mixtos; la población carcelaria ascendió a 230 mil 519 personas, 12 mil cuatro (5.21%) son mujeres. La Ciudad de México, Baja California y el Estado de México concentran 33% de las mujeres presas.
“Al ser población minoritaria, la infraestructura, organización y funcionamiento de reclusorios han girado en torno a las necesidades de los hombres; no se observan políticas públicas encaminadas a atender los requerimientos del sector femenino, no obstante que se aprecia un crecimiento de esa población de entre 4% y 5%”, afirma.
El documento detalla que 85% de la población femenil en cárceles es primodelincuente y 54% es de bajo riesgo, por lo que podrían purgar su sentencia atendiendo a los criterios de las “Reglas de Bangkok” de la ONU.
En diversos centros de reclusión del país donde se albergan a madres con sus hijas e hijos, refiere el informe de la CNDH, las autoridades han incumplido su obligación de proporcionar alimentación, salud y educación.
Propone que los gobiernos estatales, la Comisión Nacional de Seguridad, las secretarías de Educación y de Salud, así como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes los derechos humanos de esos menores los apoyen con base en el interés superior de la niñez y en concordancia con la Constitución, los instrumentos internacionales, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la normatividad de la materia.
La CNDH refiere que estos centros deben contar con personal médico y técnico especializado para garantizar su acceso a la salud, atención materno-infantil, vacunación y lo que implique su sano desarrollo, incluida la atención especializada a quienes presentan discapacidad.
Especifica que las autoridades deberán privilegiar el derecho de estos menores a convivir con sus madres, sin importar que hayan nacido previo al internamiento de éstas, y que deberá haber protocolos específicos que regulen el ingreso, permanencia o egreso temporal o definitivo de los pequeños al centro penitenciario.
La CNDH propone una planeación presupuestal multianual para tener instalaciones exclusivas para mujeres —mínimo un centro por entidad federativa— y espacios para quienes se encuentran embarazadas, en lactancia o quienes tengan viviendo con ellas a sus hijas o hijos.
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