Ginebra.-
Un grupo de expertos de derechos humanos instó a los gobiernos de América Latina a adoptar un instrumento regional “sin precedentes” sobre democracia ambiental.
En una declaración pública dada a conocer este jueves, los expertos expresaron su firme apoyo a los esfuerzos de los gobiernos de América Latina y el Caribe para logar un instrumento regional que garantice los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales.
Esta declaración surge luego de que los 20 Estados miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que representan a más de 500 millones de personas, se preparan para la próxima reunión de negociación que tendrá lugar del 27 al 29 de octubre en la Ciudad de Panamá.
“El desarrollo sostenible y los derechos humanos están relacionados entre sí”, señaló el Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente’’, John Knox.
“Los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia conforman una parte central de esta relación”, dijo Knox en nombre del grupo de expertos de Naciones Unidas.
“Cuando las personas más afectadas por las políticas de desarrollo y medio ambiente, incluidos los pueblos indígenas y las mujeres que a menudo son las principales cuidadoras de la familia, pueden ejercer sus derechos a la información, la participación en la toma de decisiones y la justicia, las políticas son más justas y efectivas”, indicó.
“Esta negociación es uno de los pasos más importantes en la protección y promoción de la democracia ambiental a nivel internacional y proporcionará un modelo para que se tomen pasos similares en otras regiones y países”, subrayó.
En su declaración pública, los expertos afirmaron que un instrumento regional robusto sobre los derechos de acceso fortalecerá las legislaciones nacionales que implementan acuerdos multilaterales ambientales y las políticas nacionales en otras áreas, como el cambio climático, la gestión de productos químicos y residuos y la diversidad biológica.
Sin embargo, advirtieron que si bien la mayoría de los países han expresado su intención de concluir un instrumento jurídicamente vinculante, aún no han adoptado una decisión formal sobre el tema.
“Instamos a los negociadores a que adopten un tratado u otro instrumento vinculante, ya que ésta sería la mejor forma de promover la implementación efectiva de los derechos de acceso y el desarrollo sostenible, y de asegurar que este instrumento fortalezca las capacidades de las instituciones públicas y la sociedad civil”, señaló Knox.
Los 20 países participantes en la negociación son Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, así como Uruguay.