Se le está cayendo a pedazos la teoría del caso a la PGR en el asunto de Javier Duarte, que de por sí con esa cara de “presunto inocente” que tiene no será muy complicado que el juez le crea que es otro perseguido político de este sexenio, en el que presumiblemente alguien convenció al presidente Peña Nieto sobre la conveniencia de “entambar” exgobernantes lo mismo del PRI que del PAN, para mostrar que la impunidad había pasado a la historia.
Nomás que el atorón se está dando por la ausencia de pruebas en virtud de que una cosa es linchar en los medios y otra el enjuiciamiento que no se va a dar con suposiciones, pero como persiste la práctica de que una orden de captura o un auto de vinculación a proceso no se le niega a nadie, ya están en problemas judiciales siete exmandatarios estatales.
Del PRI (Yarrington, Medina, los Duarte, y Borges) por dos del PAN y una ex alcaldesa (Padrés, Reynoso Femat y Arellanes), que de los ocho el único que ya fue sentenciado –aunque apeló– es Reynoso el ex de Aguascalientes y a ver qué dicen los magistrados.
Pero si con esos enjuiciamientos pretendieron lavarse la cara, el tiro les está saliendo por la culata, porque no es nada halagüeño que de 32 ex gobernantes siete anden en líos, lo que hace inferir que si le escarban a los otros 25, p’os también lo que, de pasada, orilla a especular sobre cuántos de los actuales andarán en las mismas al término de sus mandatos.
Por lo anterior, considero lógico y natural el pensamiento de quienes estiman que los principales aliados de López Obrador son los gobernantes, que con sus abusos u omisiones le dan cuerda al virtual candidato del Morena, y ahí está como botón de muestra Miguel Ángel Yunes, el gobernador de Veracruz a quien ya le están vaticinando una cita con los jueces.
Sin embargo, si la ciudadanía no quiere que se escape de la jaula ningún pájaro, va tener que presionar a los legisladores para que reformen la ley de obras y servicios públicos, lo mismo la federal que las estatales, para el efecto de que el presidente, gobernadores y alcaldes autoricen con su firma las licitaciones de obra, su aprobación al ser entregadas y no se diga su pago, pues cuando los llevan ante los jueces resulta que nunca rubricaron documento alguno y terminan pagando los platos rotos el secretario de obras públicas o el de finanzas o subalternos de éstos. Es largo el tema pero como ya inicia el fin de semana, mejor le corto y que la pasen bien.