Para Thomas Hobbes, la función básica del Estado es la seguridad: la centralización de la violencia en un jefe absoluto que no permita la violencia independiente (Leviatán, 1651). Algo así como el país pacificado que impuso Porfirio Díaz, reprimiendo a los que se opusieran. Para Hobbes, no hay derecho que valga frente al poder: se imponen los que pueden. Si no hay Estado, hay una guerra interna de todos contra todos y la vida resulta desolada, mísera, horrenda, bestial y breve (solitary, poor, nasty, brutish and short).
Para Max Weber, el Estado es precisamente la institución que logra imponer el monopolio de la violencia legítima en todo su territorio (La política como vocación, 1919).
En el siglo xx, se habló de “Estados fallidos”, y hasta se hicieron listas de países en ese caso (muy convenientes para legitimar una intervención). Noam Chomsky reviró alegando retóricamente que también los Estados Unidos son un Estado fallido (Failed States, 2006).
Ante las controversias, el Fund for Peace cambió su lista de Estados fallidos por un Fragile States Index. El de 2016 va de Somalia (número 1) a Finlandia (178) pasando por México (107) y los Estados Unidos (159).
En México, la violencia ilegítima proviene de los delincuentes y de las autoridades que actúan como delincuentes. No todas. Las que de veras luchan contra el crimen están en un brete: tener a delincuentes como jefes o subordinados o compañeros o contrapartes. Para luchar contra la delincuencia tienen que superar la inercia, complicidad o sabotaje de autoridades tontas, ineptas, miedosas o delincuentes. Llega a ser heroico, y tan dramático que es el tema de muchas películas.
Bajo el supuesto de tener lo más difícil de tener: aliados fuertes, decentes y competentes, no hay que luchar al mismo tiempo en todas las direcciones. Hay que buscar éxitos que tengan efectos multiplicadores.
1. Las cárceles federales son un lugar ideal para empezar. Su territorio es microscópico, aislado y controlado por las armas legítimas, supuestamente. Si la Secretaría de Gobernación, que las tiene a su cargo, no es capaz de imponer ahí un pleno Estado de derecho, ¿cómo va a imponerlo en dos millones de kilómetros cuadrados? En las cárceles hay inseguridad, asaltos, golpizas, robos, extorsiones, tortura, violaciones, asesinatos, motines y fugas. Algún secretario de Gobernación declaró que “son un infierno”. Pero tenía seguramente cosas más importantes qué hacer.
En la calle, las policías inspiran desconfianza, con razón. Recurrir al ejército sin ton ni son puede terminar en lo mismo: que también el ejército se desprestigie. Es mejor que tome las cárceles federales por un tiempo, como una tarea que tiene principio y fin. Una vez saneadas, las entregaría a la Secretaría de Gobernación sin llevarse al personal que tomó el control: volviéndolo civil. Con cárceles derechas, los efectos se multiplicarían en toda la persecución del crimen.
2. El Ejército y la Marina piden que sus intervenciones estén claramente definidas en un marco jurídico. Tienen razón. Pero no basta.
Como ha venido señalando Jorge Fernández Menéndez, hace falta un modelo que articule las acciones federales, estatales y municipales con una estrategia conjunta para todas las fuerzas de combate a la delincuencia. Lo mejor es que conste por escrito y tenga un horizonte amplio, por ejemplo: 2025 (que cubra este sexenio y los dos siguientes).
La estrategia es inherente a la acción armada. La palabra misma viene del griego strategía, que se refiere desde entonces a las expediciones militares. Carl von Clausewitz (De la guerra, 1832) precisó que las acciones armadas tienen que tener un significado político que las integre, sin el cual se vuelven palos de ciego.
3. Otro frente importante es el judicial. Hay que construir un foro virtual que publique las sentencias sobre delincuencia organizada y las someta a penalistas que opinen sobre la calidad de cada una. Es común que la parte acusadora y la juzgadora se echen la culpa de los malos resultados. Hace falta un examen por terceras partes calificadas, en un foro público sin consecuencias judiciales, pero sí mediáticas.
4. La opinión mundial sobre Trump daría resonancia a una campaña mexicana para que pague un “muro” que detenga la exportación de armas de los Estados Unidos a los narcos mexicanos.
5. Las calles sin alumbrado son inseguras.